El 9 de octubre nos encontramos con dos sentencias judiciales relacionadas con la violencia de género.
En la primera, Raquel, de baja por ansiedad a causa del maltrato recibido de su pareja, fue despedida de su puesto de trabajo porque la empresa consideraba que “hacía vida normal”. La sentencia ha condenado a la empresa por despido improcedente, ya que su actuación contraviene la vigente Ley de Igualdad.
En el polo opuesto, nos encontramos con una sentencia firme que no condena a un maltratador psicológico, que vejaba a su pareja continuamente y en público. Se absuelve al maltratador porque el juez considera que “la ordinariez no es un delito”. Estrella, que es la mujer maltratada, se encuentra con el absoluto desamparo de la ley que debe protegerla. Si el juez que ha dictado esta sentencia hubiera sido la víctima, ¿lo hubiera considerado “una ordinariez”?.
Sabemos que la ley siempre es susceptible de ser interpretada, pero no podemos conformarnos con que su aplicación quede en manos de personas que no cumplen con su condición de estar al servicio de la sociedad.
Mientras personas que trabajan en cargos públicos, electos o no, hagan prevalecer sus convicciones sobre la ley, no habrá justicia ni equidad social. Y mientras nos encontremos con cargos públicos electos que consideran que la violencia de género es cosa de las mujeres, como nos han manifestado esta misma semana, no encontraremos el camino de la igualdad.
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